Según un nuevo estudio del periódico
La Nación, para el 2017 el sector público del país prevé gastar un ¢1.10 en
incentivos a empleados por cada ¢1 invertido en salarios del sector.
Todos estos incentivos se
establecieron como un incentivo adicional a los empleados por años de
servicios, bonificaciones, títulos entre otros; pero según la Contraloría General
de la Republica en su estudio a los presupuestos, estos incentivos han superado
al salario mínimo que se le es ofrecido a los empleados, un aumento que viene
reflejado desde el 2010 en adelante.
Según el ente encargado, para
el 2017 el gobierna presupuesta gastar ¢5.8 billones al pago de remuneraciones
a toda la población del sector público, de los cuales un 40.8% corresponde a
incentivos. Adelante el porcentaje restante lo componen salarios y cargas
sociales.
Muchas veces estos incentivos,
lo que crean es una forma fácil y rápida de superar el salarios, cuando este
solo es otorgado al nivel mínimo, por lo cual los trabajadores buscan la forma
de ser remunerados para lograr alcanzar una remuneración económica,
considerablemente alta.
El gasto en incentivos crece
por varias razones según el informe de Contraloría; la forma en la que se ha
diseñado el sistema, la elevada participación de profesionales, además de las
preferencias familiares y la avanzada edad de los empleados de gobierno (43
años en promedio). Todo esto unido, lo que causa es una elevación del pago de
pluses además del incremento del salarios base percibido.
Los presupuestos de gobierno
son sumamente altos, muchas veces son cuentas justificadas debido a la profesionalización
del personal, pero en algunas instituciones recae el incremento de estos debido
a varios factores, entre ellos las preferencias familiares o la mínima rotación
de personal, donde el personal tiene muchos año en la institución y se le paga
la antigüedad en la misma, causando asi un incremento notorio en el salarios
que percibe.
El gobierno debe velar porque
el presupuesto se cumpla a cabalidad para lo que fue destinado, y además de
presupuestar lo correcto con respecto a su personal disponible, se deben de
disminuir los beneficios a los empleados; si bien es cierto se elaboran con el
fin de evitar la movilidad laboral; muchas veces lo que causan eso una
dependencia al gobierno, tratar no de eliminarlos; si no de regularlos y darles
el fin que corresponda.
El ejemplo más claro de la
fuga de efectivo en el estado es la institución RECOPE; organización que paga a
sus empleados debido a convenciones colectivas vacaciones extras, auxilios
remunerados, pluses salariales y anualidades, donde según estudios el 60% de
sus empleados sobrepasa los 10 años y el 19% excede los 30 años.
Hay que poner un alto en el camino
a muchos de estos acuerdos, debido a que están creando un déficit en los
presupuestos, acuerdos que muchas veces se llegan a dar como una malversación de
los fondos para los que fueron presupuestados y a la vez crean una adicción al
sector público.
Es necesario ordenar el
sistema salarial y de beneficios, pero al estar contenido en el Código de
Trabajo, es necesario que el gobierno y la Contraloría intervengan y emitan
acciones para evitar un déficit más grande que el que existe hoy en día.
La Nación, Sección Economía, “Incentivos crecen más que
salarios en sector público”, Esteban Ramírez, 3 marzo 2017
